El Salvador: Security Must Not Override Freedom Rights

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2 February 2012

El Salvador: Right To Security Must Not Override Right To Be Free From Arbitrary Detention, Urges UN Expert Body

SAN SALVADOR –The UN Working Group on Arbitrary Detention* urged the Government of El Salvador to ensure that the right to security does not override the right to be free from arbitrary detention. The Working Group also raised serious concern about the extreme over-crowding in prisons and police detention facilities.

At the end of its ten-day mission to El Salvador, the expert body further highlighted the lack of written notification of sentences to the defendant and the lack of effective access to defence counsel. The Working Group also noted the over-reliance on informers and testimony by opportunistic witnesses (known as criteriados).

“This practice not only affects the credibility of testimonies due to the incentives offered, but also jeopardises the fairness of the judicial process as the procedure of cross examination is often not made possible,” said El Hadji Malick Sow, Chair-Rapporteur of the Working Group.

The Working Group questioned the effectiveness of the judiciary, particularly concerning the right to be brought promptly before a judge.

“The fact that some individuals wait eight years for an appeal, with minimal intervention from judges is disconcerting,” said El Hadji Malick Sow. “I am deeply concerned at the low use of alternative measures to detention in cases we have seen, and the excessive use of preventive detention in judicial proceedings.”

According to the expert panel, prisoners who were interviewed privately complained of the invasive and humiliating searches faced, including of their relatives and lawyers, introduced since the armed forces were charged with security in prisons. “I understand the need to protect prisons and the dire security situation faced by the authorities, particularly in relation to the gangs (maras and pandilleros). But we urge the Government to urgently review its procedures to ensure human dignity for those deprived of their liberty,” he said.

The independent experts commended the Government for its many positive initiatives in recent years and encouraged effective implementation to further protect against arbitrary deprivation of liberty. The Working Group also welcomed that the mano dura policies of recent years had been declared unconstitutional.

The expert panel visited 11 prisons, police holding cells and other detention facilities in San Salvador, San Miguel and Santa Ana and interviewed detainees in private. During its mission, the Working Group met with high level authorities from the executive, legislative, and judicial branches of the State. Meetings were also held with representatives of lawyers’ organizations, civil society members, the national human rights institutions and representatives of UN agencies.

A final report on the visit will be presented to the Human Rights Council in 2013.

(*) The Chair-Rapporteur is Mr. El Hadji Malick Sow (Senegal). The other members are Mr. Mads Andenas (Norway); Ms. Shaheen Sardar Ali (Pakistan); Mr. Roberto Garretón (Chile) and Mr. Vladimir Tochilovsky (Ukraine).

The former Commission on Human Rights established the five-member Working Group in 1991 to investigate allegations of arbitrary deprivation of liberty. Its mandate was extended in 1997 to cover the issue of administrative custody of immigrants and asylum-seekers.

Learn more on the mandate and activities of the Working Group at: http://www2.ohchr.org/english/issues/detention/index.htm

The Working Group’s database can be found at: http://www.unwgaddatabase.org

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2 de febrero 2012

El Salvador: El derecho a la seguridad no debe prevalecer sobre el derecho a ser libre de detenciones arbitrarias, insta Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

SAN SALVADOR - El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria* instó al Gobierno de El Salvador a que asegure que el derecho a la seguridad no anule el derecho a no ser sometido a detención arbitraria. El Grupo de Trabajo planteó también su profunda preocupación por el extremo hacinamiento en las cárceles y centros de detención policial. Otras preocupaciones claves son: falta de notificación por escrito de las sentencias condenatorias y la falta de acceso efectivo a la defensa. El Grupo de Trabajo también señaló la dependencia excesiva de los testimonios de los testigos de oportunidad (conocidos como “criteriados”). "Esta práctica no sólo afecta a la credibilidad de los testimonios debido a los incentivos ofrecidos, sino que también pone en peligro la imparcialidad del proceso judicial, ya que el procedimiento de contra-interrogatorio de testigos a menudo no es posible", dijo El-Hadji Malick Sow, Presidente-Relator del Grupo de Trabajo.

El Grupo de Trabajo también expresó su preocupación por el derecho del detenido a ser llevado sin demora ante un juez. También expresó su preocupación por el proceso de apelaciones, recursos de casación y solicitudes de liberación condicional. "El hecho de que algunas personas esperen ocho años para recibir respuesta a su apelación es desconcertante", dijo El-Hadji Malick Sow, Presidente-Relator del Grupo de Trabajo. "Estoy profundamente preocupado por la baja tasa de utilización de las medidas alternativas a la detención utilizadas en los casos que hemos visto, y el recurso excesivo a la detención preventiva".

De acuerdo con el panel de expertos, muchos prisioneros entrevistados de manera confidencial, se quejaron de los registros y humillantes, a que son sometidos, no solamente sus familiares si no también sus abogados y los defensores públicos. Dichos registros fueron introducidos cuando las fuerzas armadas fueron asignadas a cubrir el perímetro de seguridad en las cárceles. "Entiendo la necesidad de protección en las cárceles y la situación de seguridad grave que enfrentan las autoridades en particular en relación con las pandillas y maras; sin embargo, instamos al Gobierno a revisar urgentemente sus procedimientos para garantizar la dignidad humana de las personas privadas de su libertad ", dijo El Presidente-Relator.

Los expertos independientes encomiaron al Gobierno por las iniciativas positivas iniciadas en los últimos años y animó a la aplicación efectiva de una mayor protección contra la privación arbitraria de la libertad. El Grupo de Trabajo acogió con satisfacción que las políticas de mano dura hayan sido declaradas inconstitucionales en los últimos años.

El Grupo de Trabajo visitó 11 prisiones, calabozos (bartolinas) policiales y otros centros de detención en San Salvador, San Miguel y Santa Ana. Durante su misión, el Grupo de Trabajo se reunió con autoridades de alto nivel de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. También celebraron reuniones con representantes de organizaciones de abogados; miembros de la sociedad civil; la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (Ombudsman) y representantes del sistema de Naciones Unidas.

Un informe final sobre la visita será presentado al Consejo de Derechos Humanos en 2013.

(*) El Presidente-Relator es el Sr. El Hadji Malick Sow (Senegal). Los otros miembros son el Sr. Mads Andenas (Noruega), la Sra. Shaheen Sardar Ali (Pakistán), el Sr. Roberto Garretón (Chile) y el Sr. Vladimir Tochilovsky (Ucrania).

La antigua Comisión de Derechos Humanos estableció el Grupo de trabajo de cinco miembros en 1991 para investigar denuncias de privación arbitraria de la libertad. Su mandato fue extendido en 1997 para cubrir el tema de la detención administrativa de inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiados.

Más información sobre el mandato y las actividades del Grupo de Trabajo en: http://www2.ohchr.org/english/issues/detention/index.htm

La base datos del Grupo de Trabajo puede ser consultada en la siguiente direccion: http://www.unwgaddatabase.org

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