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Private military and security companies in Honduras


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Vea abajo la versión en inglés

Honduras requiere supervisión robusta y eficaz de empresas militares y de seguridad, dice grupo de expertos de la ONU

TEGUCIGALPA / GINEBRA (25 de febrero de 2013) – El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre el uso de mercenarios urgió hoy al Gobierno de Honduras a fortalecer la función de supervisión de la Unidad de Control de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad, con el fin de asegurar que éstas cumplan con la ley. Asimismo, los expertos en derechos humanos exhortaron a las autoridades a reforzar el sistema judicial para investigar y procesar debidamente los delitos cometidos por guardias de seguridad privados y así garantizar que las víctimas reciban una reparación justa.

“Con más de setecientas compañías de seguridad privadas operando en Honduras, el Gobierno debería asegurar un monitoreo adecuado de sus actividades y que éstas no se conviertan en un substituto de una policía competente y responsable”, recalcó Patricia Arias, integrante del grupo de expertos, al finalizar una misión de cinco días en el país.

El Grupo de Trabajo vio con beneplácito avances positivos, como la adhesión de Honduras en 2008 a la Convención Internacional sobre mercenarios, la adopción en 2008 de la Ley Orgánica de la Policía y su Reglamentación para el Control de Servicios de Seguridad Privados, así como la creación en 2011 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Sin embargo, los expertos en derechos humanos manifestaron su preocupación por la proliferación de compañías de seguridad privadas tanto legales como ilegales.

“Debido a que las instituciones estatales no logran garantizar la seguridad, el sector de seguridad privada ha crecido exponencialmente, superando en número a la fuerza de la policía nacional”, señaló Elzbieta Karska, otra integrante de la delegación.

La relación del número de elementos de la policía y los guardias de seguridad es de 1 a 5, de acuerdo a la información disponible. Además de las 706 compañías de seguridad privadas registradas, existen muchas más que operan en un vacío legal. Según se ha informado, en su mayoría estas compañías son propiedad de ex-oficiales policiales o militares de alto rango que controlan el sector de seguridad en el país.

“Subcontratar el uso de la fuerza con cientos de compañías de seguridad privadas es un serio obstáculo al estado de derecho y funcionamiento eficaz de una institución Estatal democrática, responsable de garantizar la seguridad nacional de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos y las leyes nacionales”, apuntó la Sra. Arias, expresando con preocupación que los guardias de seguridad utilizarían la fuerza al ejercer funciones tradicionales de las autoridades que aplican la ley, como control de manifestaciones y ejecución de las órdenes de desalojo.

El Grupo de Trabajo observó además que la aplicación del marco regulatorio y garantizar una efectiva supervisión de las compañías de seguridad privadas continua siendo un enorme reto, debido a la tan seria falta de recursos de la Unidad de Control de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad y su incapacidad de ejercer un verdadero control sobre esas empresas.

Durante su visita del 18 al 22 de febrero de 2013, la delegación recibió información consistente sobre que muchos guardias de servicios de seguridad privados portan armas prohibidas y las utilizarían para cometer violaciones de derechos humanos. A este respecto, el Grupo de Trabajo expresó su preocupación sobre dicho involucramiento en violaciones de derechos humanos de las compañías de seguridad privadas contratadas por los terratenientes, incluidos asesinatos, desapariciones, desalojos forzados y violencia sexual contra los representantes de las asociaciones campesinas en la región del Bajo Aguán.

“Existe una impunidad generalizada en el país, así como también una falta total de confianza de la población en el poder judicial, ya que estas violaciones de derechos humanos que habrían sido cometidas por las compañías de seguridad privada no son investigadas, no se procesa a los autores y las victimas no tienen acceso a una justa reparación” recalcó la Sra. Karska.

El Grupo de Trabajo recomendó al Gobierno que dote de los recursos apropiados y capacite a la Policía Nacional, para que pueda cumplir su función inherente de garantizar la seguridad pública de la población hondureña.

La delegación se reunió con autoridades del Gobierno, del Congreso Nacional, representantes de la sociedad civil y del sector privado incluidas compañías privadas de seguridad, con el fin de evaluar el impacto de las actividades de las compañías militares y de seguridad privadas en el ejercicio de los derechos humanos.

La Sra. Arias y la Sra. Karska también dieron seguimiento a la aplicación de las recomendaciones hechas por el Grupo de Trabajo en su anterior visita en 2006*, en especial la adhesión de Honduras a la Convención Internacional sobre mercenarios, el fortalecimiento del marco regulatorio para las compañías de seguridad privadas, y la adopción de medidas para responder prontamente a las denuncias presentadas por las personas que retornaron de Irak.

El Grupo de Trabajo agradeció al Gobierno de Honduras por su valiosa cooperación durante la visita, y exhortó a las autoridades a adoptar las medidas apropiadas, incluidas enmiendas a la legislación existente, con el fin de aplicar estas recomendaciones con eficiencia.

(*) Vea el informe de 2006 del Grupo de Trabajo sobre Honduras: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/109/72/PDF/G0710972.pdf?OpenElement

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El Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y de obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación fue creado en julio de 2005 por la antigua Comisión de Derechos Humanos. Está compuesto por cinco expertos independientes sirviendo en su capacidad personal: El Sr. Anton Katz (Presidente-Relator, África del Sur), la Sra. Faiza Patel (Pakistan), la Sra. Patricia Arias (Chile), la Sra. Elzbieta Karska (Polonia) y el Sr. Gabor Rona (Estados Unidos de América/Hungría).

Para consultar el borrador del Grupo de Trabajo sobre una posible Convención sobre Compañías Privadas de Seguridad vea:
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/15/25&Lang=E

ONU Derechos Humanos, página de país - Honduras: http://www.ohchr.org/SP/Countries/LACRegion/Pages/HNIndex.aspx


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Vea el Índice Universal de los Derechos Humanos: http://uhri.ohchr.org/es/


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NEWS RELEASE


Private military and security companies in Honduras need robust and effective monitoring, says UN expert group

TEGUCIGALPA / GENEVA (25 February 2013) – The United Nations Working Group on the use of mercenaries today urged the Honduran Government to reinforce the overseeing role of the Control Unit of Private Security Services to ensure that private security companies comply with the law. The human rights experts also called on the authorities to strengthen the judicial system to properly investigate and prosecute crimes committed by private security guards and to ensure that victims receive effective remedies.

“With over seven hundred private security companies operating in Honduras, the Government should ensure that their activities are properly monitored and that they do not become a substitute for competent and accountable police,” stressed Patricia Arias, member of the expert group, at the end of a five day mission in the country.

The Working Group commended positive developments, like Honduras’ accession in 2008 to the International Convention on mercenaries, the adoption in 2008 of the Organic Law of the National Police and Regulations for the Control of Private Security Services, and the establishment in 2011 of the Ministry of Justice and Human Rights. However, the rights experts expressed concern at the proliferation of both legal and illegal private security companies.

“As a result of the lack of guarantee of security by the state institutions, the private security sector grew exponentially, outnumbering the national police force”, added Elzbieta Karska, another member of the delegation. The ratio of police officers to private security guards is reportedly 1 to 5 in Honduras. In addition to 706 registered private security companies, numerous unregistered private security companies operate in a legal vacuum. Most are reportedly owned by former high-ranking police or military officers who control the security sector in the country.

“Outsourcing the use of force to hundreds of private security companies seriously hampers the rule of law and the effective functioning of a democratic State institution responsible for ensuring national security in accordance with international human rights standards and national laws,” Ms. Arias said, noting with concern that private security guards allegedly used force in performing traditional functions of law enforcement authorities, such as controlling demonstrations and executing eviction orders.

The Working Group highlighted that implementing the existing regulatory framework and ensuring an effective oversight over private security companies remains a significant challenge due to severe under-resourcing of the Control Unit of Private Security Services and its lack of capacity to exercise any meaningful control over these.

During its visit from 18 to 22 February 2013, the delegation received consistent information that many private security guards carry firearms that are prohibited and are allegedly used to commit human rights violations. In this regard, the experts voiced concern about the alleged involvement of private security companies hired by landowners in widespread human rights violations including killings, disappearances, forced evictions and sexual violence against representatives of peasant associations in the Bajo Aguán region.

“There is a wide scale impunity prevailing in the country as well as a total lack of confidence of the population in the judiciary, as these human rights violations allegedly committed by private security companies are not investigated, perpetrators remain unprosecuted and victims do not have access to remedies,” Ms. Karska said.

The human rights experts also recommended that the Government provide adequate resources and training to the National Police, so that they may fulfil their inherent function to guarantee public security and safety of the Honduran population.

The Group’s delegation met with Government officials, parliamentarians, representatives of civil society and the private sector including security companies to assess the impact of the activities of private military and security companies on the enjoyment of human rights.

Ms. Arias and Ms. Karska also followed up on the implementation of the recommendations it had made in the context of its previous visit in 2006*, in particular accession to the International Convention on mercenaries, strengthening the regulatory framework on private security companies, and adopting measures to act speedily on complaints submitted by individuals having returned from Iraq.

The Working Group’s delegation conveyed its appreciation to the Government of Honduras for its fruitful cooperation during the visit, and encouraged them to undertake appropriate measures including amendments of the existing legislation to implement effectively these recommendations.

(*) Check the Working Group’s 2006 report on Honduras: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/109/69/PDF/G0710969.pdf?OpenElement

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The Working Group on the use of mercenaries as a means of violating human rights and impeding the exercise of the right of peoples to self-determination was established in 2005 by the then Commission on Human Rights. It is composed of five independent experts serving in their personal capacities: Mr. Anton Katz (Chair-Rapporteur, South Africa), Ms. Faiza Patel (Pakistan), Ms. Patricia Arias (Chile), Ms. Elzbieta Karska (Poland) and Mr. Gabor Rona (United States/Hungary). Learn more, log on to: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Mercenaries/WGMercenaries/Pages/WGMercenariesIndex.aspx

Check the Working Group’s draft of a possible Convention on Private Military and Security Companies: http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/15/25&Lang=E

UN Human Rights, country page – Honduras: http://www.ohchr.org/EN/Countries/LACRegion/Pages/HNIndex.aspx

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Check the Universal Human Rights Index: http://uhri.ohchr.org/en

ENDS

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